Frente a las declaraciones del ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward, quien calificó como “doloroso” el explosivo aumento de campamentos en el país, el presidente del Consejo Regional (CORE) de Valparaíso, Manuel Murillo Calderón manifestó que el concepto correcto para calificar a esta situación es “indignante” y que urge una solución, la que debe emanar de una propuesta desde los territorios.
El Catastro Nacional de Campamentos elaborado por TECHO-Chile y la Fundación Vivienda, reveló que entre Octubre de 2019 y Febrero de 2021 aumentó en un 74% las familias que viven es este tipo de asentamientos.
En tanto, la realidad local estaría sobrepasando el promedio nacional. “La Región de Valparaíso está atravesando por la peor crisis habitacional en las últimas décadas, debido al poco apoyo que ha existido por parte del Estado para presentar iniciativas que vayan disminuyendo el déficit de casas, que muy por el contrario va en crecimiento y se ha visto agravado por la pandemia”, manifestó Murillo.
Cabe señalar que hace un par de años había 47 mil familias y 96 campamentos sin respuesta habitacional en la región, mientras que en este minuto la cifra se ha elevado a 76 mil familias y 181 campamentos, mientras que producto de esta misma situación se ha multiplicado la cantidad de familias que se están tomando terrenos públicos o privados.
“Desde el CORE, vemos con buenos ojos el replicar el modelo de un convenio que se suscribió en la Región de Antofagasta, donde se unió el sector privado, el gobierno regional, los municipios y el Estado, a través del ministerio de Vivienda y Urbanismo, para buscar una solución a la problemática habitacional”, indicó la autoridad.
A ello agregó que “es necesario pensar en un convenio que comience dando respuesta al menos a un 30% o 40% de la demanda de viviendas DS-49, donde participe el Estado, el GORE, los municipios y la empresa privada, creando un fondo común para la compra de terrenos calificados por SERVIU para acceder a la vivienda definitiva, donde además ya estén financiados los estudios de suelo. La idea es crear un Banco de Suelo, para acceder a terrenos que cumplan con la calidad que requieren las familias, pues no sólo hay que construir casas sino que se trata de crear barrios con todo el equipamiento necesario”.
Entre otras medidas, además Murillo plantea que “el Estado debería ser garante, a través de líneas de crédito, para las familias de clase media que también son vulnerables porque no pueden acceder por sus propios medios a la banca para obtener un crédito hipotecario, puesto que son muy pobres para los bancos y muy ricos para SERVIU. También es necesario cambiar el mecanismo de postulación a las viviendas y la localización de los proyectos. Hoy es difícil encontrar terrenos disponibles que cuenten con una buena localización, cercana a los servicios, por lo que debería ser considerado dentro de la construcción de los nuevos barrios algunos servicios de Salud y Educación, por ejemplo. Hay muchos terrenos que son de la Armada y el Ejercito que están en abandono, por lo que estas instituciones también podrían ayudarnos en la solución de este tema”.
En tanto, el promedio de asignación de subsidios para viviendas DS-49 alcanza en el mejor de los casos a las 1.130 UF, menos de $ 30 millones para cubrir la compra del terreno, la urbanización y la edificación del inmueble, razón por la cual vemos que con esos recursos se terminan construyendo viviendas muy pequeñas y de menor calidad, que con el pasar de los años deben ser intervenidas para repararlas o mejorarlas, donde el Estado tiene incurrir en otro gasto más.
“En materia de vivienda debe haber una mirada desde la región y no todo decidirse desde Santiago, pues cada región tiene su particularidad y su propia realidad”, concluyó Murillo.
