El Gobierno presentó la tarde de este lunes un veto aditivo y sustitutivo a la vez al proyecto de ley de Ingreso Familiar de Emergencia, y aunque mantiene los montos originales a repartir -cifra que motivó el rechazo de la oposición la semana pasada-, hizo cambios en los beneficiarios.
El veto se ingresó cerca de las 15 horas y el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Felipe Ward, manifestó que el Gobierno espera poder promulgar la ley esta semana.
“Mañana en la mañana se discute en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, esperamos que por la tarde se vea en la sala, para que el miércoles pase al Senado”, señaló Ward.
“Dichas adiciones y sustituciones introducidas tienen diversos objetivos. El primero, es focalizar de mejor manera la entrega del beneficio. El segundo, es aumentar el número de beneficiarios incorporando un nuevo grupo de estos en razón a su rango etario y vulnerabilidad socioeconómica”, señala el texto del veto.
El proyecto sustituye el artículo 2, que hace referencia al Indicador Socioeconómico de Emergencia, para incluir una explicación respecto de cuál es su objetivo, qué es lo que mide y en qué se basa. Señalando, además, expresamente, que todos los hogares que integren el Registro Social de Hogares serán caracterizados mensualmente a través de este nuevo indicador, de oficio por la Subsecretaría de Evaluación Social.
Además, se adiciona un nuevo artículo 3, según el cual aquellos hogares señalados en el artículo 1, es decir, que pertenezcan al 90% más vulnerable de la población nacional, de acuerdo al Instrumento de Caracterización Socioeconómica a que se refiere el artículo 5 de la ley N° 20.379, que pertenezcan al 60% más vulnerable de acuerdo con el Indicador Socioeconómico de Emergencia, y cuyos integrantes mayores de edad no reciban ingresos de los señalados en el artículo 4, el valor del primer aporte irá desde los $65.000, cuando dicho hogar esté compuesto por una persona, hasta los $494.000, cuando el hogar esté compuesto por diez o más personas.
También se adiciona un nuevo artículo 5, el cual incorpora como beneficiarios a los hogares que, sin encontrarse entre alguno de los grupos que contemplaba el proyecto de ley, pertenezcan al 80% más vulnerable de la población de acuerdo al Instrumento de Caracterización Económica que establece el artículo 5 de la ley N° 20.379, y esté integrado por uno o más adultos mayores de 75 años o más, que reciban una pensión básica solidaria de vejez.
“Hago un llamado a los parlamentarios para poder aprobar el proyecto y para que comprendan que esta es la última oportunidad procesal para que la ley vea la luz. Necesitamos pagar lo antes posible este ingreso a 4,5 millones de personas que lo están esperando”, dijo Ward.
A su vez, el titular de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, explicó que “hoy se cumplen 14 días desde que se inició la tramitación del proyecto de ley y estamos al límite para poder pagar en la última semana de mayo, por eso necesitamos que sea despachado a la brevedad, las familias que viven de trabajos informales necesitan urgentemente este ingreso”.
Sichel añadió que el proyecto “mantiene el equilibrio fiscal y el gasto que se había comprometido en el original, pero trae cambios que son importantes”.
