Según explicó en el escrito ingresado al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, los hechos estarían prescritos. Audiencia se fijó para el 22 de marzo.
“Vengo a solicitar tenga a bien disponer la realización de una audiencia en fecha próxima, a objeto de discutir el sobreseimiento definitivo y parcial respecto de los siguientes imputados”. Así comienza la solicitud que el fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, hizo el viernes al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, para terminar con la investigación en contra de 58 imputados en el caso SQM. Ninguna de estas personas fueron formalizadas por los hechos en los que Gómez pide que sean sobreseídos.
En la indagatoria, iniciada en 2015, la fiscalía persigue presuntos delitos tributarios vinculados a la emisión de boletas y facturas ideológicamente falsas a la minera no metálica y sus filiales por servicios inexistentes. Con ese dinero, según antecedentes del caso, se habrían financiado campañas políticas.
Según el escrito de Gómez, “en el desarollo de estas investigaciones y de conformidad con los hechos puestos en conocimiento del Ministerio Público a través de las denuncias y querellas presentadas por el Servicio de Impuestos Internos (SII), se identificó un grupo de personas quienes emitieron o facilitaron boletas y facturas falsas a SQM S.A., SQM Salar S.A. y SQM Industrial S.A, incurriendo con esta acción en el ilícito tributario previsto y sancionado en el artículo 97 N°4 inciso final del Código Tributario”.
De acuerdo al documento, el tipo penal imputado contempla una penalidad no superior a los cinco años de presidio menor en su grado máximo, y se califica como un simple delito que prescribe en igual período (5 años) su acción penal.
Entre los imputados para los que la fiscalía pidió el sobreseimiento definitivo está Diego Perry Aldana, representante legal de Servicios y Publicidad La Clínica Limitada, empresa que en 2013 facturó $175 millones en servicios por concepto de “asesoría creativa” para la campaña de Michelle Bachelet. Los gastos fueron declarados ante el Servel el 3 de septiembre de 2013. De acuerdo a la denuncia del SII, del 2 de abril de 2015, Perry emitió en diciembre de 2009 una factura ideológicamente falsa por $ 58 millones a SQM.
También se solicita el término judicial para una serie de personas ligadas al ex presidente Eduardo Frei. Entre ellos, su hermano Francisco Frei, quien, de acuerdo a la querella del SII del 16 de abril de 2017, como representante legal de Inversiones San Nicolás S.A. emitió una factura a la minera el 12 de marzo de 2010 por la glosa “asesoría proyecto de inversión”, por un total de $ 12 millones. También es representante legal de Servicios de Envasado y Bodegaje Limitada, sociedad que emitió una factura de $ 45 millones a SQM el 9 de marzo de 2010, la que fue calificada como falsa por Impuestos Internos.
A ellos se suma la petición de sobreseimiento para el yerno del ex presidente Frei, Pedro Yaconi, representante legal de Rentas, Inversiones, Servicios y Asesorías Limitada, empresa que emitió una factura a SQM por $ 30 millones, cuestionada por el SII.
Gómez también solicitó lo mismo para la ex contadora de Frei, Clara Bensan como representante legal de Publicidad Los Andes S.A. por una factura ideológicamente falsa a SQM mencionada en la querella presentada por el SII el 16 de abril de 2017. En su caso, sin embargo, ella fue condenada en marzo del año pasado, en un juicio abreviado, por facilitar boletas falsas a través de su empresa Asesores en Gestión Integral Limitada para conseguir aportes para la campaña presidencial de Frei en 2009.
Además, se pidió sobreseer a personas ligadas al círculo de Longueira. Entre ellos, su hijo Jose Tomás Longueira Brinkmann, quien el 21 de agosto de 2009 emitió, según el SII, una boleta ideológicamente falsa a SQM por $ 4.450.333.
Junto a ellos, también aparecen entre los 58 mencionados en el escrito Marco Antonio Quintanilla, dueño de imprenta Imaginarium Ltda., quien fue proveedor de la campaña para senador de Fulvio Rossi en 2009. Además, figura María Valentina Martínez , ex asesora de Rossi.
El abogado querellante Mauricio Daza dijo que “en cualquier causa criminal donde se alega la prescripción, primero se deben investigar los hechos, establecer lo sucedido y después aplicarla, en caso que proceda”. Y agregó que “establecer toda la verdad de lo sucedido es precisamente lo que se ha evitado desde que Gómez asumió la dirección de la causa”.
