Junta de Vigilancia de la Primera Sección del río Aconcagua asegura que la DGA sentenció a muerte al valle de Aconcagua

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octubre 6, 2021

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La Dirección General de Aguas intervino a la Primera Sección, instruyéndola a cerrar sus compuertas para dejar pasar 5,5 m3/s de agua por tiempo indefinido, en momentos donde sólo hay 8,5 m3/s, en promedio, por lo tanto, secarán por completo a los 25 canales que reparten agua a una superficie de 26000 ha a más de 5000 usuarios. Con esta medida la mayor parte del agua se infiltra llenando las napas y acuíferos en la segunda y tercera sección, beneficiando mayormente a los monocultivos en ladera, lo que demuestra inequidad e injusticia hacia el Valle de Aconcagua. Los beneficiarios de aguas subterráneas son principalmente usuarios con mayores recursos económicos, en contraste de los perjudicados en el Valle del Aconcagua, que en un 60% representan a agricultores pequeños
Adicionalmente, el 70% de lo entregado por las secciones se “pierde” y no llega al embalse Los Aromos. Claramente hay personas o entidades distintas a los sistemas de agua potable que se están beneficiando de esta medida.
El consumo humano está siendo utilizado como un argumento irrefutable para un beneficio irregular de usuarios que no constituyen sistemas de agua potable.

6 de octubre 2021. La Dirección General de Aguas, del Ministerio de Obras Públicas, ayer, envió una resolución ordenando redistribuir 5 metros cúbicos y medio de agua río abajo y con esta medida sentenció a muerte a las comunas de: Los Andes, Calle Larga, San Esteban, Rinconada, Santa María, San Felipe y Colina. El MOP exigió cerrar las compuertas: lo que secará por completo a los 25 canales, afectando a los miles de personas que viven de éstos. Esta medida es inviable, ya que el caudal ha disminuido 60% y se proyecta que siga bajando. Por lo tanto, destruirán el Valle de Aconcagua.

Siendo que, la Junta de Vigilancia de la Primera Sección del río Aconcagua ha mostrado, históricamente, una disposición a contribuir en una gestión integrada del recurso hídrico, aportando por décadas, invirtiendo en infraestructura, desarrollando acuerdos, impulsando una mesa de trabajo conjunto, siendo una de las primeras Juntas de Vigilancia en Chile con telemetría, todas las compuertas automáticas, traspasando los datos de forma transparente a la DGA, cumpliendo totalmente los acuerdos que ha comprometido.

Sin embargo, es evidente que hubo falta de rigor técnico de parte del Estado, a través del MOP (DGA-DOH) los que han fracasado en su gestión hídrica, al ser responsables de:

Incentivar y subsidiar la implementación de más hectáreas de riego, sin considerar la restricción hídrica y la competencia de dicha actividad frente a otros usos, por lo tanto, han provocado una sobre explotación y sobre otorgamiento de derechos de agua, río abajo, provocando escasez hídrica en la Región de Valparaíso. En cambio, la primera sección se declaró agotada hace 35 años.
Ser una administración inepta en el aseguramiento del abastecimiento del consumo humano: han pasado 38 millones de metros cúbicos y sólo han logrado cargar el Embalse Los Aromos con cerca de 14 millones de metros cúbicos. Con el agua que ya se ha entregado, con gran sacrificio, se hubiese llenado más de dos embalses “Los Aromos”. Y hasta la fecha éste no se ha llenado, demostrando una errada y negligente gestión de las medidas del Ministerio de Obras Públicas, el que es responsable de un despilfarro de agua (o el beneficio no revelado de otros actores), en medio de una sequía gravísima y de la afectación de todos los usuarios de la primera sección, con una medida totalmente ineficiente.
Hay una ineficiencia en la conducción del agua, que provoca una pérdida de un 70%. Lo que es impresentable y una burla para las personas, en un escenario de Megasequía.
Hay una venta de agua de la DOH a ESVAL, es decir, un negocio del Estado a costa de la sequía y de los miles de pequeños agricultores. Esta venta de agua es un evidente conflicto de interés.
La DOH tiene pozos disponibles, que aún no entran en operación, a cambio, exigen el agua de las personas del Valle de Aconcagua.
Estando la Tercera Sección intervenida, para que, supuestamente, pase agua hasta el Embalse Los Aromos, Ésta no llega: se “pierde” y en el mejor de los casos se infiltra para satisfacer las aguas subterráneas, que sólo aprovechan los que pueden tener un pozo, que precisamente, son los que tienen mayores recursos económicos. Todo esto, a vista y paciencia del interventor a cargo el señor Héctor Neira, Director Regional de la Dirección General de Aguas de la Región de Valparaíso.
Existiendo acuerdo entre las partes: el Estado fue el que no cumplió la suya, donde, por burocracia, no activó los pozos y ahora decide intervenir, secando la provincia de Los Andes y las comunas de Santa María, San Felipe y Colina. Nuevamente, la negligencia del Estado la pagan los administrados.
Hay una falta de rigor técnico de parte de la DGA de no esperar los deshielos de noviembre-diciembre. Ya que hoy, con 8-9 m3/s promedio es imposible repartir 5 y medio, secarán gran parte de los canales y sentencian a muerte a 7 comunas. Y, a su vez, los canales que hacen entrega al embalse no tienen la capacidad de asumir esta agua, por lo que demuestra otra incongruencia y terminará en otra parte que no sea consumo humano.
Las aguas subterráneas no están incorporadas en la redistribución. El agua que se pide para Valparaíso -bajo la prioridad legítima de «consumo humano»- se infiltra río abajo, queda como agua subterránea y profunda, por lo tanto, no llega a las personas, ni a los pequeños agricultores, sino que sólo les sirve a los grandes y con cultivos en ladera. El embalse “Los Aromos” no se ha llenado ni se llenará (salvo que la DGA controle la extracciones ilegales y restringa el consumo de los pozos subterráneos), porque el agua se infiltra y sirve sólo para algunos ¿Dónde y quiénes se quedan con toda esa agua? mientras en el Valle su gente pierde los cultivos y su fuente de trabajo. Los grandes se escudan detrás de la sanitaria, ESVAL, para contar con agua y el Estado ampara esto.
Se requiere de una mayor fiscalización para que la sanitaria mejore sus pérdidas de operación y genere nuevas fuentes de agua, hacer recircular, a través de las aguas tratadas y desalinización, para que no sigan sacrificando a las personas y fruticultura del Valle de Aconcagua.
No han construido obras, mejoras, reservorios, ni generado nuevas fuentes, por lo que el Estado y Sanitaria son responsables de las pérdidas de agua y de la falta de seguridad hídrica de la cuenca del Aconcagua. Y aun se preguntan cuál es la rentabilidad social de la infraestructura hídrica.