Por: Cristian M. Cárdenas Aguilar / Docente de Ciencias Sociales
La contingencia nacional ha puesto en la palestra una serie de contradicciones propias de una sociedad que presenta una democracia que se podría catalogar como “artificial” y “ficticia”, con ciudadanos y ciudadanas acostumbrados (as) a participar de manera reducida en los asuntos públicos y que, en gran parte de la historia republicana nacional, han dependido de decisiones tomadas verticalmente, es decir, desde arriba (elite dirigente) hacia abajo (pueblo).
Al respecto, no resulta muy complicado establecer que, por un lado, muchos nos hemos alegrado por la gran “unión” mostrada por los chilenos y chilenas al ser capaces de dejar claramente demostradas a las autoridades de turno cuáles son las verdaderas carencias y necesidades de la ciudadanía, además de evidenciar qué es lo que esta espera como respuesta de sus representantes. Por contrapartida – y aquí viene la gran contradicción y paradoja del actual fenómeno social – la realidad exhibe un escenario de permanente descalificación, disputa y desprecio hacia las “opiniones” diferentes a las propias o a las de mi correspondiente ideología, las que en su mayoría se traducen en la vociferación con suma ligereza de estigmatizaciones que a estas alturas ya son parte de nuestra idiosincrasia, entre las cuáles resaltan los apelativos de “facho”, “comunacho”, “amarillo”, “facho – pobre”, “zurderío”, “pinochetista”, “resentido social”, “fascista” y tantas otras que sólo cumplen con un dañino objetivo: limitar y polarizar el debate tan necesario para construir futuro.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, entidad surgida tras los trágicos desenlaces de la Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945), establece en su artículo 19 lo siguiente: “…Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión…” Frente a esto, ¿Quién no ha escuchado o debido escuchar alguna vez – en sus respectivas relaciones sociales – la célebre frase que dice: “…bueno, esta es mi opinión y debes respetarla, es igualmente válida que la tuya”? Suena, por decir lo menos, bastante determinista, ¿no? Al respecto y ante al artículo citado, es necesario precisar al menos un par de aspectos. Primero. Es totalmente efectivo que todos y todas tenemos el derecho de expresar una opinión abiertamente como se nos plazca sin ningún tipo de censura de por medio. Sin embargo, ese derecho de planteamiento de ideas no otorga el automático “deber” a que se nos respete nuestra opinión, y por ende se considere, por ejemplo, en decisiones trascendentes como las que estamos enfrentando como país. En consecuencia, tal como lo expresara hace unos años la académica Paula Cantero, hoy en día parece existir una generalizada creencia que establece que “…quien no respete todas las opiniones es tachado de intolerante, de dogmático y, en resumidas cuentas, se convierte en una persona con la que no merece la pena hablar ni discutir…”. Esto es falso. No tenemos la obligación de respetar todas las opiniones, debemos hacer distinciones entre las mismas.
Para reflejar de forma más nítida lo anterior pondré 2 ejemplos. Supongamos que Julián le plantea a Carla que, a propósito del despertar social de Chile, “…lo único verdaderamente importante es que el gobierno y los parlamentarios respondan a la brevedad posible a las demandas sociales, la calle ha sido más que clara, ¿no crees?. El estado de la economía no importa mucho como dicen algunos, aquí la única verdad es que el Estado tiene el deber moral y por ende la obligación de responder ahora ya a todo un pueblo…”. La opinión de Julián, al leerla rápidamente, suena muy coherente, sensata, popular y válida, ¿cierto? Pero, en concreto… ¿Carla está obligada a respetar y aceptar dicho planteamiento? La verdad es que no. ¿Por qué? Simple. Dicha opinión carece de evidencia empírica y es infundada al no dimensionar la importancia de la estabilidad económica para obtener la tan anhelada cobertura de los fines sociales (entiéndase como demandas); no es responsable ni mucho menos toma en consideración el presupuesto nacional; no es consciente de las modificaciones en materia tributaria (y sus tiempos) que se requieren para estos efectos; no considera lo perjudiciales que han sido los impactos de la crisis social en las pequeñas y medianas empresas, en la tasa de empleabilidad (desempleo), y en el incremento de los precios en los bienes importados; no coloca en su justa posición lo que ha significado la paralización de muchos rubros productivos por el grave deterioro de su infraestructura, la devaluación de nuestra moneda en relación al dólar y la pérdida de dinamismo económico en general, todos aspectos verificables y que son de público conocimiento, sumado a que la opinión de Julián parece surgir única y exclusivamente desde la “emotividad” e “impulsividad”, que bien cabe precisar, no es que no sea relevante, pero no son la mejor estrategia a la hora de pretender obtener y aplicar políticas públicas sólidas y sostenibles en el tiempo.
Un segundo ejemplo que ayuda aún más a explicar el porqué es un mito que toda opinión es respetable, surgió hace unos días en un matinal de un conocido canal de TV nacional, canal 13 para ser exactos. En dicho espacio, el Sr. Hermógenes Pérez de Arce expresó opiniones que generaron bastante polémica, entre las que se cuentan las siguientes: “…No son importantes los Derechos Humanos ahora, lo importante es reconstruir el país, porque la delincuencia está devastando el país…”, “…no fue sistemático (violación de DDHH en Dictadura), lo que yo digo es la verdad histórica, lo escrito…”, ante lo cual fue literalmente sacado del estudio televisivo por la animadora Tonka Tomicic. ¿Cómo interpretar este episodio? Desde el punto de vista de la libertad de expresión, estuvo muy mal la reacción de expulsar a una persona que simplemente piensa y se expresa distinto. En estricto rigor se le vulneró un derecho que está garantizado constitucionalmente y por organismos internacionales, esto independientemente de lo muy errado que esté el contenido de sus afirmaciones. Sin embargo, desde una mirada del respeto por la opinión del otro, y en relación con la veracidad de los acontecimientos que se aluden, el planteamiento del abogado cuestionado resulta ser en extremo irresponsable, incorrecto con lo que dice nuestra historia reciente y estimula la negación, baja de perfil e impunidad de situaciones lamentables acaecidas durante la Dictadura Militar y en la crisis social actual, en donde inclusive hay vidas de por medio. El aludido profesional pasa a llevar, por si fuera poco, informes de instituciones nacionales e internacionales, junto con los variados testimonios que comprueban las violaciones a los DD. HH en ambos periodos. Por esto, es que este caso en particular denota que todos tenemos el derecho de expresar libre y abiertamente una opinión, pero no por ello tenemos la obligación de respetarla, considerarla como verdadera ni mucho menos aceptarla.
En conclusión, puede que suene controversial, pero con esto de las redes sociales y la instantaneidad de la información, aparentemente nuestra sociedad se ha vuelto menos analítica y desarrolla una crítica que no es precisamente racional y fundada, estamos experimentando un peligroso fenómeno de “democratización de las opiniones”, donde todas esperan ser validadas. Lo que, si son respetables, como afirma el filósofo Fernando Savater (2013), son las personas que están detrás de cada opinión, pero no las creencias en sí mismas.
