Por: José Tomás Bartolucci / Seremi de Justicia y Derechos Humanos de Valparaíso.
Como Gobierno de Chile, nos hemos puesto el objetivo de hacer que nuestro compromiso con la ciudadanía se materialice a través de acciones concretas en su directo beneficio. A través de la promulgación e implementación de la Ley de Identidad de Género, efectuada hace pocos días, hemos dado un nuevo y sentido paso en esta dirección.
Esta ley, permite que quien considere que su identidad de género no es coincidente con su sexo y nombre registral, tenga la posibilidad de rectificar su sexo y el nombre con el que aparece individualizado/a en su partida de nacimiento. Además, representa un reconocimiento a personas invisibilizadas y discriminadas, en posiciones abusivas que en muchas ocasiones les significaba vivir un negativo día a día.
Con esto, ratificamos el compromiso del Estado chileno de promover las condiciones que hagan factible que cada uno de sus habitantes tenga el derecho de expresarse libremente, la posibilidad de ejercer sus libertades individuales y, sobre todo, la facultad de tener el estilo de vida que les permita ser felices, en un marco de respeto hacia el resto.
Desde el pasado 27 de diciembre, gracias a la Ley de Identidad de Género, es posible pedir hora en distintas oficinas del Registro Civil a lo largo del país, para solicitar la audiencia de cambio de sexo registral, en la medida que el o la solicitante sea mayor de edad y no posea un vínculo matrimonial vigente. En el caso contrario, es decir, si el o la solicitante tiene un vínculo matrimonial vigente, o tiene entre 14 y 18 años, deberá realizar la solicitud ante el Tribunal de Familia correspondiente. Además, los menores de edad en el rango etario señalado, deben canalizar su solicitud a través de su representante legal.
En nuestra región de Valparaíso, los funcionarios del Registro Civil ya han sido capacitados y están disponibles para atender a quienes decidan realizar este cambio, cumpliendo con los estándares comprometidos por la Ley, la cual incluye principios como la no patologización –el derecho a no ser tratado como “enfermo”– la no discriminación; la confidencialidad; el trato digno; el interés superior del niño y su autonomía progresiva.
Quiero destacar esta buena noticia, sobre todo porque me parece absolutamente coherente con las demandas que hoy la ciudadanía expresa con propiedad y convicción, y que, en tanto coherentes con las exigencias de un Estado moderno, es nuestro deber acoger y resolver con especial dedicación y compromiso.
A través de este espacio, reitero mi más firme compromiso –y el de los equipos de trabajo de la Seremía de Justicia y Derechos Humanos– para contribuir a que Chile sea un país más justo, equitativo e inclusivo, realizando todos los ajustes necesarios para erradicar de nuestra convivencia diaria la discriminación arbitraria de personas y comunidades. Como todo cambio cultural, será un camino largo, no exento de tropiezos y dificultades, sin embargo, confío que vamos en la dirección correcta, sin escatimar esfuerzos para corregir todo lo que esté a nuestro alcance a través de nuestra institucionalidad.
