Por: Claudio Betancur / Académico carrera de Terapia Ocupacional Universidad San Sebastián
Una Ley por sí sola no basta para lograr una real integración si no va acompañada de procesos políticos y sociales que incluyan a toda la población. Si bien, el nuevo proyecto de Ley de Migración plantea un fuerte componente distintivo entre los migrantes, haciendo clara diferenciación entre la migración venezolana y haitiana, hay aspectos fundamentales que no se manifiestan en la iniciativa.
El más básico de los problemas que se produce respecto de la integración de los migrantes de cualquier nacionalidad, es el idioma, aún más notorio con la comunidad haitiana. Y si bien existen fundaciones y organizaciones que contribuyen a capacitarlos, es el Estado el que debe hacerse cargo, tal como ocurrió con los migrantes sirios.
También las condiciones de habitabilidad deben ser resguardadas por el Estado, sino la formación de guetos en comunas pobres, los dejará en un permanente estado de vulnerabilidad social.
El dispositivo sanitario es otro problema importante al que no se ha hecho alusión. Estación Central, Las Condes, Santiago, Quilicura, presentan un denominador común y es que sus consultorios están copados por las demandas de la población nacional y la extranjera.
Es importante entonces, revisar el Plan Nacional de Inmunización, ya que la mayoría de la población migrante, sobre todo la de Haití y de República Dominicana, no cuenta con vacunas como la de la Tuberculosis (TBC), o la que protege contra la Poliomielitis.
En esa línea, hay que replantear o diseñar un plan específico de inmunizaciones para la población migrante que ingresa al país, de manera que reciban las dosis respectivas para mantenerlos protegidos contra estas enfermedades.
Asimismo, en el ámbito educacional se debe realizar una revisión curricular con el fin de integrar de manera paulatina a los estudiantes migrantes. Para el caso de quienes no manejan nuestro idioma, debieran recibir además un plan de alfabetización.
Son tareas urgentes que no constan en la Ley, pero que nuestro Estado debe realizar para normalizar y fomentar la convivencia de chilenos e inmigrantes y la adaptación de éstos a nuestro país.
