Por: María Carolina Rodríguez Domínguez. Directora Obstetricia Universidad Andrés Bello, Concepción.
A pesar de que cualquier persona puede ser víctima de agresiones sexuales en cualquier etapa de su vida, la niñez y la adolescencia representan las etapas más vulnerables. La violencia sexual infantil, definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como «todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de ésta con la víctima», es un fenómeno devastador que trasciende fronteras y contextos. Incluye desde las relaciones sexuales bajo coacción, hasta el acoso sexual, la prostitución forzada y la trata de personas. En el caso de niños, niñas y adolescentes, estos actos son considerados una forma de maltrato grave.
Las cifras reveladas en diversos informes son alarmantes. Según datos de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito (UNODC), la tasa de abuso sexual infantil en Chile aumentó de 32.2 en 2006 a 68.5 por cada 100.000 habitantes en 2012. Además, un informe de la Fundación Amparo y Justicia, basado en cifras del Ministerio Público, muestra un incremento de un 289% en las denuncias de abuso sexual infantil entre 2006 y 2022. En 2022, se registraron 39.933 denuncias de delitos sexuales y otros delitos graves contra niños, niñas y adolescentes (NNA), un 42% más que el año anterior.
Estos datos evidencian una problemática profunda y arraigada que requiere una respuesta inmediata y multifacética. La Convención de los Derechos del Niño y el Comité del Derecho del Niño definen la violencia como «toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual». Es fundamental que comprendamos que la frecuencia, la gravedad del daño y la intención de causar daño no son requisitos previos para la definición de violencia. Esto significa que cualquier acto que vulnere la integridad de un menor debe ser considerado y tratado con la seriedad que merece.
Enfrentar esta crisis demanda un enfoque integral y coordinado entre diversos sectores. Es prioritario establecer líneas de acción destinadas a detener la violencia, proteger a las víctimas, evitar la victimización secundaria y propiciar investigaciones eficientes. Desde el 1 de octubre de 2022, la atención integral de salud en casos de agresión sexual aguda está incorporada al sistema de Garantías Explícitas en Salud (GES) en Chile. Esta medida asegura que las personas afectadas, sean o no beneficiarias del sistema, reciban una intervención oportuna e integral que reduzca la probabilidad de adquirir infecciones de transmisión sexual (ITS) o un embarazo no planificado, protegiendo así significativamente su salud física y mental.
Es crucial que esta atención tenga en cuenta la diversidad cultural y los valores de las víctimas, especialmente cuando pertenecen a pueblos originarios o culturas distintas a la predominante. La sensibilización y el respeto son esenciales para brindar un apoyo efectivo y comprensible.
La colaboración intersectorial es fundamental. Familia, establecimientos educacionales, policía de investigación y carabineros, tribunales de familia y centros de salud deben trabajar conjuntamente para abordar esta problemática desde todas sus aristas. Solo a través de una respuesta coordinada y comprometida podremos garantizar un entorno seguro y protector para nuestros niños, niñas y adolescentes.
El Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual nos recuerda que la erradicación de la violencia sexual infantil es una responsabilidad compartida que no puede esperar. Es hora de actuar con determinación y compasión para construir un futuro libre de abuso y violencia.
