Por: María Lorena Rossel Castagneto / Directora Carrera Derecho UDLA Sede Viña del Mar / Doctora en Derecho
El caso de Antonia Barra deja al descubierto el desamparo que sufren las víctimas en el proceso penal. Si bien en Chile la protección de las víctimas está a cargo del Ministerio Público y del Poder Judicial, a menudo las víctimas sufren consecuencias indeseadas por su intervención en el proceso penal.
En efecto, las víctimas no sólo sufren el daño físico o material por la comisión del delito (victimización primaria), sino que también sufren daños psicológicos, como impotencia frente al mal sufrido o temor a que el hecho se repita, ansiedad, angustia, depresión y otros procesos traumáticos, a lo que se agrega, muchas veces, la atribución de responsabilidad o la autoculpabilidad. Además, la sociedad estigmatiza a la víctima tratándola con compasión, desconfianza y recelo.
Por su parte, la victimización secundaria es el daño que sufren las víctimas por las acciones u omisiones del proceso investigativo o del sistema judicial. Esta victimización es aún más preocupante que la primaria, por cuanto el mismo sistema al cual recurre la víctima solicitando justicia y protección le provoca daño, frustrando sus expectativas y afectando el prestigio del propio sistema.
Si bien todas las personas pueden sufrir victimización secundaria, hay ciertas víctimas que son más vulnerables, como quienes han sufrido delitos sexuales, ya que se trata de delitos que son especialmente estigmatizadores. El padecimiento de este tipo de delitos provoca vergüenza en las víctimas y reticencia a denunciar estos hechos. En promedio, se estima que las víctimas pueden tardar entre 7 u 8 años en revelar el ataque sufrido, sin perjuicio de la elevada cifra negra en este tipo delitos, es decir, personas que siendo víctimas de delitos sexuales no los denuncian.
En el caso de Antonia, se advierte el temor a la estigmatización que sufren las víctimas de este tipo de delitos, por lo que no es extraño que no haya realizado la denuncia cuando ocurrieron los hechos. Y a pesar de que Antonia ya no está, el sistema de justicia debe investigar los hechos denunciados, brindar protección a su familia y evitar que este tipo de delitos queden impunes.
