Por: Alberto Valdivieso / Country Manager Motorola Solutions Chile.
Hace diez años, un sismo de 8,8 grados Richter asoló nuestras ciudades y pueblos, poniendo a prueba la capacidad de las instituciones del Estado para reaccionar de manera eficiente ante situaciones críticas. Coincidimos en que esa vez el andamiaje institucional no pasó la prueba, lo que dejó un triste recuerdo de muerte y destrucción: 523 fallecidos, 23 desaparecidos y 800 mil damnificadas.
Las huellas físicas de esa madrugada todavía pueden observarse desde Santiago al sur: sitios baldíos y entregados a la especulación donde antes había una pujante actividad comercial, ruinas y restos de campanarios agrietados donde se levantaban templos y se congregaban comunidades, obras de mitigación a medio terminar donde deberíamos ver pueblos y ciudades resilientes bien consolidadas. Pese a todo, hemos avanzado.
No podemos olvidar que, junto con la destrucción física de ciudades y pueblos, uno de los recuerdos más vivos de esa madrugada de febrero fue la incapacidad de las instituciones para coordinarse e ir a tiempo en auxilio de los ciudadanos. Claramente, tenemos mucho por avanzar en esta materia, pero quiero detenerme primero en lo que sí hemos hecho: el Centro Sismológico Nacional tiene hoy estructura robusta y mayores recursos que en 2010, con una red sismológica que tiene más de 400 estaciones a lo largo de todo Chile. La Onemi, en tanto, modernizó su estructura organizacional y su infraestructura física, con la incorporación de un sistema de comunicaciones redundantes, que minimizan el peligro de un black out como el del 27 F.
Prueba de que los cambios han supuesto un avance notable es que, con posterioridad al terremoto de Iquique (8,2), el Estado y las comunidades fueron capaces de evacuar toda la zona costera con un mínimo de víctimas.
La capacidad de enlace ha mejorado, pero hay pasos pendientes. Por ejemplo, aún no tenemos un número único de emergencia, lo que dificulta la capacidad de articulación de las agencias de seguridad y protección civil, no solo ante catástrofes naturales, sino también ante amenazas serias a la seguridad interna y el orden público. En términos simples, ante una catástrofe, las instituciones responsables no pueden comunicarse de forma eficiente entre sí.
El sector privado también se encuentra a medio camino. El terremoto de Tocopilla y María Elena de 2007 dejó desconectadas a amplias zonas del norte grande, las más relevantes para la minería del país. Sin embargo, Escondida estuvo siempre conectada con el resto del país por una razón muy simple: disponía de sistemas de comunicación crítica.
La necesidad de mantener conectadas las actividades cruciales de la estructura productiva —puertos, yacimientos mineros, aeropuertos— es otra de las tareas sobre las que deberíamos reflexionar. No solo por razones económicas, sino también porque la conexión de una unidad productiva permite mantener comunicada a toda la comunidad circundante.
