Dr. Jorge Astudillo Muñoz, académico de la Facultad de Derecho, UNAB Sede Viña del Mar.
La libertad de expresión es un derecho fundamental que reconoce una dimensión individual y una dimensión social y política. Este derecho en su dimensión social y política es un derecho que resulta crucial para la existencia de una democracia. Sin libertad de expresión, la libre circulación y confrontación de ideas y el debate, la crítica, la socialización de las posturas propias, etc., son impensadas, al igual que el control y la transparencia.
La libertad de prensa es un componente esencial de la libertad de expresión. En efecto, se trata de un derecho que tiene por objeto garantizar a los distintos medios de comunicación social, al margen de sus líneas editoriales, y a los profesionales que se desempeñan en estos, especialmente periodistas, la posibilidad de poner en conocimiento de la opinión pública, de manera independiente y libre, sin censuras y temor de represalias, hechos y noticias de diversa índole, de manera objetiva y neutral o bien acompañadas de valoraciones subjetivas.
En consecuencia, la libertad de prensa además de ser parte del derecho a la libertad de expresión es un principio fundamental para las sociedades democráticas, cumpliendo funciones imprescindibles para la democracia, como es, por ejemplo, el control del poder político y económico. Asimismo, contribuye al combate a la corrupción, permite aumentar los índices de transparencia en el ejercicio de las funciones públicas, es un factor importante para la promoción y defensa de los derechos humanos, fomenta el pluralismo y la diversidad, etc.
Atendida la importancia de la libertad de prensa para la democracia cualquier intento de censura y control de los medios es injustificado e intolerable. Tratar de imponer a los medios de comunicación social y a los profesionales del periodismo una línea editorial a través de medios institucionales, como es, por ejemplo, el establecimiento de un órgano censor o una ley de medios que garantice “la objetividad y elimine la desinformación” es un atentado a la libertad de expresión y a la democracia. Pero también es un atentado a la democracia la animadversión de quienes ejercen el poder político hacia la prensa y sus profesionales, así como la proliferación de mensajes prepotentes y hasta intimidantes para que la prensa adecue su labor a las líneas que las autoridades entienden son las correctas.
Por ello, no podemos, desde esta tribuna, estar de acuerdo con las desafortunadas intervenciones del Presidente Gabriel Boric respecto de ciertos medios de comunicación social (El Mercurio, La Tercera, La Segunda), en espacios públicos y actividades oficiales, como fueron sus declaraciones hace unas semanas atrás en el Encuentro Anual de la Industria, en el marco de la celebración de los 140 años de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa). Tampoco con el trato poco deferente que suele dar a periodistas cuando éstos formulan preguntas o le plantean observaciones que le incomodan. Cuando la máxima autoridad del país cuestiona el contenido de la información que entregan determinados medios de comunicación social, de alguna manera (quizás sin saberlo o entenderlo o quizás por sus convicciones ideológicas) está contribuyendo a erosionar la libertad de prensa y a la misma democracia.
El ejercicio de la libertad de expresión y de prensa en el contexto de las sociedades digitales nos plantean nuevos y grandes desafíos, como es la proliferación de las fake news y la desinformación, el uso de las redes sociales como canal de distribución de noticias, la utilización poco transparente de algoritmos en la red y la existencia de burbujas informativas, etc. Sin embargo, estos fenómenos no pueden ser abordados atacando a la prensa, por más que sus líneas editoriales difieran con las ideologías de quienes gobiernan, ni censurando ni creando mecanismos que apunten a controlar al periodismo, procurando de tal manera que se informe un flujo noticioso y contenido que quienes ejercen el poder político consideran adecuado. Así, habrá que avanzar en incentivos que faciliten la creación de diversos medios de comunicación social de distintas tendencias, tomar medidas para evitar la concentración de medios, transparentar el pago de publicidad estatal a los medios de comunicación y establecer mecanismos objetivos y equitativos para la contratación de avisaje, avanzar en la transparencia algorítmica, introducir la alfabetización digital en las mallas curriculares, etc., pero nunca controlar ni tratar de imponer una verdad oficial, porque ello implica acabar con la prensa libre y poner seriamente en riesgo la democracia.
