Por: Pedro Damjanic / Vicepresidente de Minería de Finning Sudamérica
En mayo de 2018 el ministro de Minería, Baldo Prokurica, tras participar de la firma del proyecto de ley Agenda Pro Inversión y del decreto que crea la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables, celebró este avance como parte de las acciones para reactivar la economía destacando que “esto permitirá que la burocracia, que desincentiva la inversión, se reduzca”.
Es que, sin duda, es para desincentivar a cualquiera el que un proyecto minero de gran envergadura involucre en Chile más de 500 permisos, lo que hace urgente buscar soluciones que nos permitan ser más ágiles y competitivos, partiendo por reducir el número de trámites que hoy tienen que presentar las empresas para ejecutar sus inversiones.
Una situación que se agrava si consideramos que, según el Consejo Minero, los servicios públicos que otorgan permisos o fiscalizan no cuentan con suficientes funcionarios y/o no están adecuadamente preparados; los criterios de los organismos son diferentes entre ellos y, muchas veces, dos o más servicios públicos dan permisos distintos para algo muy similar.
Por esa razón se celebra y reconoce, como un importante primer paso, la reciente modificación del Decreto Supremo N°99, que permitirá facilitar la homologación integral de las condiciones que deben cumplir los contratistas y proveedores para operar en faenas. Sin duda, se lograran así importantes beneficios de eficiencia y reducción de costos. En concreto, la norma considera flexibilizar y evitar la necesidad de repetir cursos de inducción e incluso, que se puedan realizar a distancia; además de aceptar la emisión de “credenciales provisorias” tras su aprobación.
El objetivo de este decreto – como indicaron desde la cartera de Minería-, es ir eliminando las barreras de entrada, burocracia y exceso de trámites que genera retrasos para trabajar en faenas mineras de una misma empresa.
Por ello, no podemos sino estar de acuerdo con lo indicado por el presidente de la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería Aprimin, Pascual Veiga, para quien la firma de este decreto permitirá hacer realidad la implementación en la industria de un “Curso Básico Homologado de Inducción” que facilite el ingreso a cualquier faena minera y -que a la vez- sea la base de futuros Decretos Supremos que logren las mejoras continuas que la industria requiere.
A lo que nosotros agregamos: estamos confiados que estas positivas medidas serán verdaderas guías para los inversionistas, herramientas útiles para detectar los “cuellos de botella” y ordenar la casa en materia administrativa sin olvidar que también, nos permitirá como país dar estabilidad jurídica y económica para el fomento y promoción de las inversiones en minería.
