Integrante de la Comisión de RR.EE. del Senado concurrió en representación de esa Corporación en conjunto con la Senadora Ximena Órdenes.
El senador Manuel José Ossandón reiteró que algunos aspectos del Pacto Migratorio Mundial podrían ser perjudiciales para Chile y coincidió con el Gobierno en que resulta mejor restarse del mismo “para no socavar nuestro Estado de Derecho y el ejercicio de nuestras libertades, porque se trata de un debate que el Gobierno puso sobre la mesa, pero está abierto”.
Tras asistir a la cumbre de la Unión Interparlamentaria realizada en Rabat, el integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado afirmó que “junto a la senadora Órdenes y la diputada Parra fuimos designados para representar a Chile en el encuentro interparlamentario, para informarnos del contenido del Pacto y de las orientaciones de la ONU en materia de migración”. Sobre su participación en la instancia, subrayó que “nosotros no fuimos a firmar nada, no nos correspondía en lo absoluto. Esa es una facultad exclusiva del Presidente”.
Al respecto, dijo que “le corresponde a cada Estado soberano, de acuerdo a su realidad, abrir o cerrar las puertas de su casa y fijar las normas y condiciones de permanencia”. Agregó que “por eso comparto y me alegra la decisión finalmente adoptada por el Presidente, que si bien efectivamente fue una sorpresa, para mí fue positiva, mientras que para la senadora Órdenes y la diputada Parra fue negativa”.
El legislador RN dijo que tras la reunión para analizar el llamado Pacto Mundial para una Migración Ordenada, Segura y Regular y a la que acudió en representación del Senado para informar al Ejecutivo, se concluye que “el pacto no es del todo negativo, pero sí es muy confuso, por lo que es mejor que Chile se abstenga y observemos cómo se aplica, los alcances y consecuencias que tendrá en los países vecinos que sí lo subscribieron . Ahí veremos si fue acertado o no la decisión tomada. Yo creo que el tiempo nos dará la razón”.
Ossandón afirmó que del texto se desprenden una serie de dudas legítimas, que podrían vulnerar el principio de la igualdad ante la ley, precisando que, antes de conocer la decisión del gobierno, acordó con la senadora Ximena Órdenes elaborar un informe con conclusiones distintas pues no estaban en concordancia con lo planteado en Rabat.
