La Contraloría General de la República informó este miércoles que el protocolo de objeción de conciencia de la ley de aborto en tres casuales “no se ajusta a derecho”, luego de la modificación realizada por el actual ministro de Salud, Emilio Santelices.
Con esto, el ente regulador se mostró en contra de que las instituciones privadas de salud que tengan convenios con el Estado puedan acogerse a la objeción de conciencia.
“Cuando una entidad suscribe un convenio al amparo del citado decreto con fuerza de ley con los mencionados Servicios de Salud, aquélla toma el lugar del respectivo servicio para los efectos de otorgar las prestaciones de salud convenidas, es decir, al ejecutar la acción de salud de que se trate, la entidad contratante se encontrará desarrollando una función pública”, precisan en el texto.
“Los establecimientos públicos de salud no pueden invocar la objeción de conciencia, pues se encuentran en el imperativo de cumplir la obligación del Estado de otorgar las acciones de salud definidas por el legislador. En consecuencia, sólo las entidades privadas pueden invocar la objeción de conciencia institucional, como por lo demás lo reconoce el protocolo cuya legalidad se examina”, plantean.
