Por Liliana Cortés, directora social nacional del Hogar de Cristo.
En el segmento más pobre del país, integrado por 1.890.860 personas, el ingreso autónomo mensual promedio es de 95 mil pesos. Esto significa que en el decil más desfavorecido ese es el monto que una persona genera con su trabajo y sus iniciativas productivas contra el ingreso autónomo promedio mensual del país, que es de un millón 200 mil pesos.
O sea, hablamos de gente que lo está pasando muy, muy mal. Otro dato elocuente es que en ese segmento poblacional, en 2022, los ingresos autónomos representaron el 37% y los subsidios el 63%, mientras que el 2017 los ingresos autónomos fueron 63% y los subsidios 37%.
Es decir, exactamente la proporción inversa.
Resulta obvio que no estamos frente a un buen escenario, porque la economía chilena no es capaz de resistir estos niveles de subvenciones y apoyos. Es imposible sostenerlos en el tiempo. Son esfuerzos correctos para tiempos de crisis. Medidas que cumplieron un rol importante para que las familias pudieran enfrentar la precariedad en la que viven, sin embargo, no son la acción permanente que nos permitirá ir reduciendo sostenidamente la pobreza.
Representan además una enorme paradoja, porque como Hogar de Cristo sabemos que para erradicar la vulnerabilidad y precariedad social se requiere que las personas desarrollen eso que los sociólogos llaman “capacidad de agencia”, que es la habilidad de un individuo de cambiar activamente las condiciones estructurales que lo rodean. Los subsidios y apoyos atentan contra esa capacidad. Y se terminan convirtiendo en una trampa infantilizante, que vuelve a los seres humanos dependientes.
Cuando enfocamos la lupa sobre datos específicos de la encuesta CASEN 2022, donde este contrasentido resulta más evidente es en el caso de los adultos mayores.
En el ámbito de la pobreza multidimensional, los resultados corroboran una tendencia: los mayores presentan una menor proporción de personas en situación de pobreza por ingresos, en comparación con la población menor de 60 años. Esta realidad se explica por la Pensión Garantizada Universal (PGU), que es el principal mecanismo de transferencia monetaria para esta población.
Sin embargo, la proporción de personas en situación de pobreza multidimensional continúa siendo superior en las personas mayores al compararlas con el segmento etario menor de 60. De modo más específico, mientras que el 16,5% de las personas entre 0 a 59 años se encuentran en situación de pobreza multidimensional, en las personas de 60 años y más la proporción alcanza un ¡19%!
Estos datos reflejan que, a pesar de contar con ingresos mensuales suficientes como para satisfacer necesidades básicas alimentarias y no alimentarias, este ingreso resulta insuficiente para resolver problemas asociados a aspectos fundamentales de la inclusión social y el desarrollo de capacidades.
Redes activas, acompañamiento, accesibilidad, estado de las viviendas, escolaridad, trato igualitario, atención de salud, son dimensiones que no se salvan simplemente por contar con la PGU y un mejor ingreso monetario. Esas dimensiones, donde existen problemas, carencias, obstáculos objetivos para una vejez digna, no tienen buenos indicadores, lo que reafirma que sólo a punta de subsidios no se resuelven las profundas brechas de pobreza y desigualdad de Chile, sobre todo en el caso de nuestros mayores.
Más grave aún si pensamos que en 2050 ellos –yo misma, muchos– seremos un tercio del total de la población del país. Así es que sigamos avanzando en el proyecto de ley de envejecimiento digno, activo y saludable haciéndonos cargo de estas brechas y más.
