“En cuanto al recursos de protección en contra del alcalde de Rinconada que fue rechazado este 26 de noviembre por la corte de apelaciones de Valparaíso, era algo que esperábamos ya que lo solicitado por nosotros como defensa se logró, que fue agilización del proceso abusivo de mantener a mi representada por casi un año y medio con un sumario administrativo eterno con el solo hecho de mantenerla apartada de sus funciones, éste se agilizó y fue retomado, también fue removido el fiscal a cargo del sumario cosa que también buscamos, y en tercer lugar la municipalidad y el alcalde tuvo que salir a dar explicaciones, con eso lo solicitado por nosotros en cuanto al recurso de protección cumplió su propósito”. Señaló José Villagrán.
“Ahora en cuanto a la querella por tortura donde el Alcalde Demócrata Cristiano se convierte en el primer edil aconcagüino en enfrentar la justicia por éste tipo de hechos desde la vuelta a la democracia. “Este delito lo perseguiremos hasta el final y la querella por tortura está más vigente ahora, aunque algunos quieran desvirtuarlo o acusar persecución política. Aquí el tema es otro, busca castigan con pena aflictiva a los involucrados, creemos que son hechos consumados por lo exigiremos el máximo de justicia”. Indica el abogado José Villagrán quien patrocina el recurso legal.
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LOS HECHOS QUE TERMINARON EN LA DENUNCIA
“todo esto nace con la intención del alcalde Pedro Caballería Díaz, de levantar sumarios administrativos que buscan apartar de su legítimo cargo a mi representada; Cristina González, de su puesto de titular de Administración y Finanzas de la municipalidad para designar a quien él quiere, las irregularidades parte del alcalde con mantener sumarios administrativos eternos, por sobre el año, lo cual es totalmente ilegal. Lo más lamentable de eso es que se busca a través de un acto administrativo como un sumario, destituir a una funcionaria de larga carrera e intachable aparentemente solo por un capricho, y peor aún a toda costa, al punto de prácticamente torturar a mi representada lo que no tiene calificativo viniendo de un alcalde Demócrata Cristiano, partido político que supone profesa irrestricto apego a los Derechos Humanos y que condena este tipo de aberraciones”. Señaló el abogado.
QUERELLA CRIMINAL VA DIRIGIDO EN CONTRA DEL ALCALDE Y DEL SECPLAC MUNICIPAL
“En lo concreto hemos puesto este recurso legal en contra de la municipalidad de Rinconada, por ende del alcalde, y en contra de Juan Pablo Hurtado Ortega, quien era a la fecha de interponer el recurso fiscal de un sumario que afectaba a mi representada, que son dos sumarios, el primero de ellos que duró más de un año y que estuvo a cargo de Don Oscar Aguayo Moya, quien es Juez de Policía local de Rinconada, quien mantuvo abierto el sumario ordenado por el alcalde por más de un año, sin efectuar ninguna acusación concreta salvo tomar declaraciones a mi representada, aquí el señor Aguayo, incumplió grosera e ilegalmente los plazos de la investigación, que en principio son de 20 días, y en la práctica transcurrió más de doce meses, en todo esto mi representada ha sido mantenida fuera de sus funciones. El alcalde tampoco no solo omite sino que avala, aquí se pasa por sobre las garantías constitucionales. El alcalde hace mal uso de un sumario para mantener fuera de su puesto de trabajo a Cristina de manera caprichosa”. Indicó el jurista.
TORTURA Y APREMIOS ILEGÍTIMOS
“A lo señalado anteriormente, como no prosperó el primer sumario se le acusa a mi representada de un segundo sumario del cual no nos han mostrado el decreto de que se le acusa lo cual ya habla por sí solo. El Fiscal de este segundo sumario es nombrado por el alcalde y la responsabilidad recae en el señor Juan Pablo Hurtado Ortega, SECPLAC de la propia municipalidad, cuando a Cristina González se le cita a declarar, se le mantiene prácticamente encerrada por casi siete horas, sin comer, sin permitir almorzar, sin poder ingerir ningún tipo de alimento, sin hacer pausas, sin poder hacer uso de servicios higiénicos, es más, tampoco se le permitió beber agua, ese tipo de hechos tienen el ribete de apremio ilegítimo, tortura psíquica y física, hechos cometidos por un funcionario de plena dependencia y confianza del alcalde, mandado por éste. Desde ese punto de vista el alcalde no respeta las garantías constitucionales por mantener el primer sumario eterno sin ningún resultado y en segundo lugar es prácticamente una acción criminal que no tiene nombre, esta es una infracción de Derechos Humanos, donde esperamos que se haga justicia. Llegar a condenar al alcalde con pena de cárcel, es lo mínimo a lo que apunto como defensa”. Dijo el abogado José Villagrán Reyes.
La querella que se mantiene vigente por tortura fue acogida por el tribunal de Garantía de Los Andes este seis de noviembre:
