Una delicada y secreta indagatoria realizan el fiscal jefe de la Fiscalía Oriente, Andrés Iturra, junto a la Brigada Investigadora del Crimen Organizado (Brico) de la Policía de Investigaciones (PDI), para establecer la relación entre una venta de armas de fuego y el anunciado recrudecimiento de la violencia, que por redes sociales se ha anunciado para el mes de marzo.
Esto luego de que una escucha telefónica, autorizada por el tribunal competente, para hacerse seguimiento a un posible tráfico de armas respecto de un fusil AK-47, que habría sido parte de los requisados tras el golpe militar de 1973, derivara en una intención de compra de más elementos de ese tipo con la intención de que “terceros” puedan estar preparados para lo que se venga el próximo mes en el marco de la reactivación del estallido social que amenaza con recrudecer.
Según un reportaje de Biobío, el expediente que maneja el Ministerio Público indica que todo comenzó cuando un sujeto llamado “Joaquín”, le dice a “Matías” que el fusil con un cargados de 36 balas es de procedencia rusa y que le pertenece a su hermana que habría militado en el Movimiento Izquierda Revolucionario (MIR) y que se lo oferta en $1.500.000.
Este último, por su parte le señala que en su familia hay varios militares, entre ellos uno que llegó a general, a quien la ha vendido varias armas para colección y que por ello le interesaría adquirirlo para hacer negocio, y su contraparte se compromete a gestionar.
El 2 de febrero pasado cierran el trato y quedan de encontrarse para finiquitar la transacción del arma. Hasta ahí, se perfilaba como el delito señalado de transar en el mercado negro ese tipo de “productos”, pero lo que encendió las alarmas de los organismos auxiliares de la justicia fue que unos días después.
La escucha registra una conversación la semana pasada entre un tal “Matta” y “Joaquín”, para preguntarle si puede conseguirle más armamento de ese tipo para pertrechar a “terceros” y estar preparados para los eventuales acontecimientos del próximo mes.
El documento con la información de la Brico, señala que “donde además da cuenta (…) que busca obtener más armas con el objeto (…) de abastecer a terceros para el mes de marzo por el estallido social”, lo que inmediatamente derivó en que fiscal Iturra consiguiera más autorización del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago para efectuar diligencias.
En el documento de solicitud del perseguidor penal no identifica de qué tendencia podrían ser esos “terceros“, pero Matías tiene parientes militares y Joaquín en la izquierda de los 70’s.
Los organismos de inteligencia han alertado de un “posible” recrudecimiento en marzo de los enfrentamientos en el contexto de la crisis social, incluso algunos han alertado de la aparición de grupos de ultraderecha que entrarían en acción.
Uno de los puntos que se ha levantado dentro del análisis es la venta de armas que funcionan con balines en armerías de calle Bulnes, en Santiago. Consignó La Nación.
