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18/04/2017| DIPUTADOS APROBARON IDEA DE LEGISLAR SOBRE EL PROYECTO DE REFORMA A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

      La Cámara de Diputados aprobó este lunes la idea de legislar sobre el proyecto de reforma a la educación superior.

      De esta forma, se destrabó el trámite de esta iniciativa, que ahora retornó a la Comisión de Educación -desde donde venía con recomendación de rechazo- para el análisis de su articulado y de la indicación sustitutiva presentada la semana pasada por el Gobierno.

      Las normas de ley simple, que requerían de la mayoría de los diputados para ser ratificadas, recibieron 67 votos a favor, 41 en contra y 3 abstenciones correspondientes a Gabriel Boric, Giorgio Jackson y Vlado Mirosevic. La bancada del Partido Comunista e independientes entregaron su respaldo.

      En tanto, las normas de ley orgánica constitucional, que requerían ser respaldadas por un mínimo de 67 diputados, fueron aprobadas con 70 votos a favor y 41 en contra. En esta oportunidad, Boric, Jackson y Mirosevic dieron su visto bueno.

      Tras la aprobación en general del proyecto emblemático de la Presidenta Michelle Bachelet, la iniciativa vuelve a la Comisión de Educación para ser discutida en particular.

      En caso de haber sido rechazado, el Ejecutivo no habría podido ingresar un proyecto similar hasta en un año más, esto es, en el próximo gobierno.

      FIN DEL CAE

      Al inicio del debate, la ministra de Educación, Adriana Delpiano, junto con destacar diversos temas que se han introducido para perfeccionar la norma, recogiendo propuestas del mundo académico, estudiantil y de los propios parlamentarios, anunció que un proyecto de ley para sustituir el sistema del Crédito con Aval del Estado (CAE).

      La secretaria de Estado expresó que “el Gobierno ha sido y es muy claro en su compromiso por eliminar el Crédito con Aval del Estado, reemplazarlo por un nuevo crédito sin la participación de la banca. Más aún, nos comprometimos a enviar un proyecto de ley en ese sentido, durante el segundo semestre de este año, con el objetivo de que el CAE dejara de operar a fines de 2018”.

      “Hoy reafirmamos la palabra empeñada de poner fin al CAE y manifestamos nuestra plena disposición a incorporar en esta ley de de educación superior una fórmula que materialice y garantice este compromiso, asegurando además un sistema que lo reemplace cuando deje de operar”, recalcó Delpiano.

      CLAVES DEL PROYECTO

      El proyecto de ley se basa en cinco ejes fundamentales. Una indicación sustitutiva, presentada por el Gobierno hace diez días, buscó integrar acuerdos políticos y perfeccionar materias a la luz del debate que se ha generado en la Comisión.

      1) Creación y fortalecimiento de la institucionalidad del Sistema de Educación Superior: El proyecto crea la Subsecretaría de Educación Superior, órgano rector del sistema y encargado de proponer y ejecutar las políticas de educación superior; y la Superintendencia de Educación Superior, órgano fiscalizador del cumplimiento de la legislación aplicable. También se simplifican normas de la Comisión Nacional de Acreditación. Todos estos organismos conformarán el Comité de Coordinación del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad, que persigue un funcionamiento más integrado de toda la institucionalidad.

      2) Aseguramiento de la calidad y resguardo de la fe pública: Actualmente, no es obligatorio contar con acreditación institucional. En el caso de aquellas instituciones que sí deciden someterse a un proceso de acreditación, las áreas de investigación y vinculación con el medio sólo son evaluadas si éstas lo solicitan. La indicación sustitutiva aborda la elevación de los estándares y exigencias de los procesos de acreditación.

      3) Fortalecimiento de la formación técnico-profesional: El proyecto de ley incorpora normas específicas para la evaluación de su calidad, distintas de las que se aplican a la educación universitaria. Además, en el Sistema Común de Acceso que se crea, la indicación incorpora un Comité Técnico Profesional que deberá validar los instrumentos que se utilizan para medir aprendizajes y habilidades.

      4) Gratuidad en la educación superior: La indicación sustitutiva se enfoca en la regulación del financiamiento de la gratuidad, sin abordar temas relacionados con el financiamiento basal de las instituciones. Para ello establece que la Subsecretaría de Educación Superior determinará el nuevo valor de los aranceles, con la garantía de la participación de una Comisión de Expertos en la materia. Estos aranceles considerarán elementos como la estructura curricular, la calidad y tamaño de las instituciones y si estas se encuentran en regiones o no. Entendiendo la complejidad de esta tarea, transitoriamente, los aranceles regulados reconocerán el nivel, calidad y complejidad de la investigación que realizan las instituciones. Además, se consagra la política de gratuidad en un régimen permanente.

      5) Prohibición efectiva del lucro: La indicación sustitutiva introduce la prohibición de que las instituciones estén controladas por entidades con fines de lucro; se consagra el deber de destinar los recursos de las instituciones de educación superior a los fines que les son propios; se incorporan deberes para los integrantes de los órganos de administración superior, particularmente el de velar por el interés de la institución; se regulan las operaciones con personas relacionadas; entre otras materias.

      Adicionalmente, y recogiendo el reproche social que ha suscitado la utilización de instituciones de educación superior como vehículo para el lucro de sus controladores, el texto incorpora un nuevo tipo penal de negociación incompatible para aquellas personas que tengan la capacidad de administrar el patrimonio de las instituciones de educación superior, castigando a quien celebre operaciones con personas relacionadas teniendo intereses propios o en beneficio de terceros, e incumpliendo las normas que el mismo proyecto de ley establece. Además, la Superintendencia tendrá las facultades para la supervigilancia de la viabilidad financiera de las instituciones de educación superior. Por su parte, las instituciones tendrán obligaciones de informar para elevar los estándares de transparencia del sistema.

      Foto: Referencial
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